Macri prohíbe a sus ministros «enchufar» a familiares en el Gobierno
BUENOS AIRESActualizado:
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, ha anunciado este lunes una batería de medidas económicas entre las que destacan la congelación del sueldo de los funcionarios de alto rango, la reducción en un 25 por ciento de los cargos políticos y la prohibición a los ministros de nombrar familiares en el Gobierno, en el marco de un «proceso de cambio» con el que se apuesta por la austeridad.
Macri, recién llegado de una gira que le ha llevado por Rusia, Suiza y Francia, ha prometido que el Estado «dará ejemplo de austeridad» a los argentinos para tratar de estar «más ágil, más atento y preparado para funcionar mejor» y pasar página a «la irresponsabilidad, la corrupción y el clientelismo».
El presidente, que ha defendido sus políticas económicas durante un acto en la Casa Rosada, ha subrayado la necesidad de «transparentar la política», con la esperanza de que sus medidas sean replicadas por otros niveles de la Administración.
Entre los cambios más comentados figura la próxima adopción de un decreto que dispondrá que «ningún ministro pueda tener familiares en el Gobierno». Macri ha admitido durante su discurso que esta medida supondrá perder «colaboradores valiosos», según la agencia Télam.
Efecto retroactivo
El decreto, que se aplicaría con efecto retroactivo a padres, hijos y hermanos, afectaría a personas cercanas al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y de los ministros de Trabajo, Turismo, Seguridad, Defensa e Interior, entre otros nombres recabados por el periódico «La Nación».
Por otra parte, Macri también se ha comprometido a «reducir uno de cada cuatro cargos políticos del Poder Ejecutivo Nacional», lo que afectaría a un millar de puestos y supondría un ahorro presupuestario anual de 1.500 millones de pesos (unos 62 millones de euros).
Asimismo, ha confirmado que «los funcionarios políticos no van a tener aumentos de sueldos», lo que afectará a ministros, secretarios, subsecretarios y «cargos que tengan que ver con las altas autoridades políticas». El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, ha cifrado en «unos 500» los trabajadores que se verán afectados, con un ahorro de «unos 1.500 millones de pesos».
