Frank Almonte

MADRID01/02/2018 01:45hActualizado:01/02/2018 01:45h

Después de meses de espera, el Alto Comisionado de la ONU de los Derechos Humanos hizo pública ayer la lista de las empresas que tienen intereses en los asentamientos levantados por Israel en territorios ocupados, condenados por este organismo (la última vez a través de una resolución aprobada en diciembre de 2016, que no contó, en esta ocasión, con el veto de EE.UU., todavía bajo la Administración Obama).

Meses antes, la oficina que encabeza Zeid Raad al Hussein había recibido ya, a través de la resolución 31/36, del 24 marzo de 2016, un mandato del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para elaborar una base de datos de compañías implicadas en actividades específicas que «de forma directa o indirecta, habrían hecho posible, facilitado y se habrían beneficiado de la construcción y crecimiento de los asentamientos». La relación de actividades se centra principalmente en aquellas que facilitan equipos y materiales para la demolición de casas y propiedades; materiales para la contrucción y expansión de los asentamientos, y para su mantenimiento. Incluye también aquellas empresas cuyas operaciones bancarias y financieras contribuyan a expandir o mantener los asentamientos… En consecuencia, todo aquellas actividades que contribuyan a perjudicar al pueblo palestino.

«Las violaciones de los derechos humanos de la Autoridad Palestina alcanzan la faceta de la vida palestina», dice el informe, citando restricciones a los movimientos, la libertad religiosa, la educación y la propiedad de la tierra por parte de los palestinos en Jerusalén Este y Cisjordania.

Según este primer informe, que no es definitivo, la oganización ha analizado un total de 321 casos, de los que a lo largo de las investigaciones ha excluido más de un centenar, dejando por el momento 206 empresas, con sede en una veintena de países.

La mayoría de las firmas, 143, tienen su sede oficial en Israel o en los asentamientos; le siguen Estados Unidos, con 22 compañías. El resto están domiciliadas en otros 19 países, entre ellos Alemania (7), Francia (4), Holanda, (5), Italia (3) y también España. Si bien inicialmente la organización había incluido dos empresas, finalmente descartó una de ellas, por lo que en este momento solo aparece una compañía con sede en España. Según el documento, hasta el momento la ONU no habría contactado con la empresa, algo que ha sucedido con otras 141 firmas.

Durante los meses que ha tardado en ver la luz este polémico informe, tiempo en el que tanto EE.UU. como de Israel habrían presionado para que no saliera, se ha especulado mucho sobre las consecuencias -represalias- para las empresas idetificadas públicamente en esta lista negra. De ahí, que Zeid Raad al Hussein, mande un mensaje de tranquilidad en el documento. «Insto a todos los lados a evitar distorsionar el contenido de este informe, que ha sido realizado de buena fe sobre la base del mandato establecido por el Consejo de Derechos Humanos». A lo que añade que espera que la base de datos «ayude a los estados y las empresas en el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades en virtud del derecho internacional».

Una lista sin nombres

La inquietud ante la larga espera, fue sustituida ayer por la decepción ante la ausencia del dato más importante: la identificación de las 206 empresas incluidas en la lista. La necesidad de una mayor profundización en la informacón manejada hasta el momento es el motivo esgrimido por la ONU para justificar el retraso a la hora de publicar los nombres de las compañías. Las reacciones de malestar no se hicieron esperar en las redes sociales.