Cámara de Bolivia anula Código Penal que criminalizaba evangelismo
BOLIVIA.- La Cámara de Representantes aprobó la madrugada del pasado miércoles (24) la anulación del nuevo Código Penal de Bolivia. El proyecto de ley que deroga la Ley 1.005 fue encaminado para la revisión del Senado.
La reunión se inició alrededor de las 17.30 horas y terminó a las 3.30 de la mañana, marcada por acusaciones y fricciones entre el partido gobernante y la oposición. El pasado domingo, el presidente boliviano Evo Morales envió una carta a la Asamblea Legislativa para pedir con urgencia la revocación del nuevo Código Penal en su totalidad, tras varias semanas de protestas sociales contra la norma, que había sido aprobada en diciembre del año pasado.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, recordó que “los próximos dos años serán de batalla política” para garantizar la continuidad de Evo Morales en la presidencia de Bolivia.
Además de alcanzar sindicatos y trabajadores, el artículo 88 del nuevo Código Penal preveía entre 7 y 12 años de prisión para quienes animaran a las personas a participar en organizaciones religiosas o de culto.
La decisión de Morales se produjo después de que las iglesias del mundo entero se unieran en oración para clamar a Dios por la libertad religiosa y las autoridades de Bolivia.
De rodillas, pastores bolivianos se reunieron ante el Palacio del Gobierno y la Asamblea Legislativa por un cambio en el Código Penal.
Interferencia brasileña
El diputado federal Roberto de Lucena se reunió la semana pasada con el embajador de Bolivia, José Kinn Franco, y entregó en su mano una carta a Morales . En la carta, el parlamentario afirmó que él es el autor del proyecto de ley 7787/2014, que autoriza al presidente a suspender las relaciones diplomáticas y comerciales con los países que promueven o toleran la persecución religiosa y no respetan los derechos humanos.
En nombre del Panel Internacional de Parlamentarios para la Libertad de Religión o de la Creencia (IPPFoRB), Lucena pidió al gobierno boliviano la reconsideración del diploma legal en lo que se refiere a la práctica de la actividad religiosa y consideró la enorme repercusión negativa en los 60 millones de evangélicos de Brasil.
